¿Privatizar PEMEX? ¿Para Qué?

Alfredo Osorio Santiago

Cuando en un gobierno, al hablarse de cosa pública, cada uno dice
“¿Qué me importa?”, la cosa pública está perdida
—Montesquieu

De acuerdo con la definición de diccionario, privatizar significa lo siguiente: “transferir alguna empresa o actividad pública al sector privado”. Por ende, habrá que ser sumamente cuidadosos de diseccionar lo que se ha estado privatizando. Tratan de confundir al ciudadano desprevenido diciendo que no se ha estado privatizando PEMEX; que los contratos de exploración, conducción y transformación (química secundaria, que debiera ser la primaria) de los hidrocarburos son prácticas cotidianas, que se han estado realizando desde los tiempos del general Lázaro Cárdenas. En pocas palabras, que se ha estado violando la Constitución y nadie ha reclamado, es decir, los quehaceres cotidianos de la violación constitucional se han vuelto la norma y, por ende, no hay delito que perseguir.

PEMEX representa la “joya de la corona” del tesoro nacional. Casi en el olvido han quedado las acciones que llevaron a perder a la sociedad mexicana sus riquezas más substanciales. ¿O ya no recordamos los crímenes de lesa humanidad que cometieron, contra el pueblo mexicano, los ex presidentes De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox?

Estos señores nos dejaron sin bancos, sin carreteras, sin satélites, sin ferrocarriles, sin autopistas, sin ingenios azucareros, sin aviones, sin CONASUPO, sin acereras, sin minas, sin televisión, sin comunicaciones, sin teléfonos, sin cine, sin libros, sin estaciones de radio ni periódicos y, casi, sin esperanza.

Y digo “casi, sin esperanza” porque todavía nos queda una última, literalmente última fortuna: el petróleo. La decisión ha sido tomada: se privatizará PEMEX, pésele a quien le pese (el “prianredismo” lo grita y lo vocifera). No interesa que más de millón y medio se haya pronunciado por evitar la “Reforma” de la santísima trinidad partidaria: “es una consulta amañada”; “grabamos a una persona votando 35 veces” (cómo sabían que una determinada persona votaría 35 veces y, también, ¿votó por la propuesta de Beltrones Calderón o por el “no” del FAP?); “la violación no tiene ninguna connotación de mandato”. Desde luego, se trata de descalificar la opinión ciudadana que, lo saben hasta ellos mismos, ha rechazado mayoritariamente -85%- por evitar que la riqueza petrolera pase a manos de las duplas Hildebrando Zavala y de Juan Camilo Mouriño por el lado de la empresa española Repsol, y cerrando la pinza, el grupo Tuxpan de los Reyes Heroles con el grupo texano de Dick Cheney (Halliburton).

Ante la avalancha de la cotidianeidad, solemos olvidar hechos trascendentes de la vida política y económica de México. Ya casi se nos olvidó la gran cantidad de privatizaciones que se realizaron desde el sexenio de López Portillo hasta el de Zedillo; posteriormente, las intentonas de Fox y Calderón respecto al petróleo, principalmente.

En el sexenio del presidente que iba a defender el peso “como un perro” existían 1,155 empresas paraestatales, al finalizar el periodo presidencial del señor Salinas de Gortari sólo había 70. Es pertinente recordar algunos aspectos de dichas desnacionalizaciones para ver cómo se convirtieron en pingües negocios para los que estuvieron inmiscuidos en ellas, pero, principalmente, las inconmensurables riquezas que los presidentes en turno obtuvieron por medio de sus prestanombres.

Nada es casual. Cuando se llegó a privatizar una paraestatal se tenía el siguiente “argumento”: representaba una “carga” para el Estado, era, decían, “un mal negocio”.
“Una empresa de justicia social (…) porque durante muchos años la población tuvo que pagar el alto costo del estatismo absurdo e inaceptable.”; “la Reforma del Estado (…) está ampliando nuestra democracia (…) pues, además, la mayor disposición de recursos ha permitido reorientar el gasto público y destinar una mayor proporción de éste a los renglones de justicia social”. “De acuerdo a esto, hemos vivido muchas décadas en el absurdo por culpa de un gobierno que dejó este peso en la población.

Afortunadamente ya no es así”, explicaba, sobre las privatizaciones, Salinas. Desde luego, la fuerza de las argumentaciones era reforzada con la presión internacional: la fundación ultra conservadora “Heritage” afirmaba en noviembre de 1991: “La democracia económica y la soberanía del consumidor son necesarias, tanto para asegurar que México crezca y prospere, como para que alcance los beneficios sociales de la privatización”. Las mismas “explicaciones”, aunque con otras palabras, nos da el licenciado Calderón en pleno siglo XXI.

Tengamos presente que el artículo 27 de nuestra Constitución señala que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales que se hayan otorgado la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

Vemos que el único propósito de la Reforma Energética es legalizar el latrocinio.
En el subrayado del proyecto del ex diputado Ochoa Fernández está la trampa.
Mañosamente, nos indica que “sólo organismos y empresas públicas llevarán a cabo la explotación y exploración del petróleo…” ¿Y la conducción? ¿Y el mantenimiento de los ductos petroleros? ¿El transporte? Ahora vemos y sabemos para lo que sirven las adecuaciones a la Constitución.

El ensayo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández fue sólo eso: un ensayo. El verdadero peligro radica en la propuesta Calderón/Beltrones, de paso comprobando el concepto tramposo, pretenden hacernos creer que se trata de una propuesta (la de Beltrones) “independiente” (de la de Calderón). Que la propuesta beltronista es “nacionalista” admite la participación privada pero “el petróleo seguirá siendo de los mexicanos”.

La verdadera modernización de PEMEX debe pasar sobre la corrupción. La reforma beltronista/caldenorista ni la evita, ni la evade; por el contrario la fomenta. El 3 de mayo de 2007, previa solicitud de entrevista, Joaquín Hernández Galicia había solicitado entrevistarse con Calderón en Los Pinos; el motivo era advertirle que no solapara la corrupción mediante el mecanismo legal que la ha institucionalizado desde el sindicalismo: el contratismo. La cláusula 36 del Contrato Colectivo Petrolero ha permitido a los dirigentes sindicales adjudicarse 40% del valor de cualquier obra. Así, una obra que PEMEX tiene calculada a un costo de 200 millones, al darle el contrato al sindicato se eleva a 400 millones. He aquí el poder de Romero Deschamps, Jesús Olvera, Ricardo Aldana, entre otros.

Aunado a lo anterior, la venta de plazas, el subcontratismo, los negocios (en los que están inmiscuidos líderes sindicales, funcionarios de PEMEX y de Hacienda) es la especulación financiera en las casas de bolsa internacionales: swaps, opciones, acciones, bonos, tesobonos, forwards, contratos a futuro, etc. ¿Quién lo vigila? Por desgracia, nadie.

Por lo expuesto, es necesario combatir las fortísimas y carísimas campañas gubernamentales que pretenden acallar las Consultas Ciudadanas, en las que más de un millón 200 mil mexicanos han expresado la posición de defender la industria energética nacional mediante un no rotundo en las boletas de la consulta. Recordemos que, a final de cuentas, sólo 180 mil dijeron sí a la propuesta del “PRIANRD”.
Calderón, por la ingobernabilidad creciente en el país, debe pensarlo más de una vez para poner oídos sordos a la voz unánime de los ciudadanos de este país; debe hacer caso a la cita de Montesquieu con la que inicié esta entrega.

Jraos2002@yahoo.com.mx