Guillermo López Mayo
¿Por qué la toma de nota? El artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece la obligación de los sindicatos de comunicar a la autoridad laboral ante la que están registrados los cambios en su directiva y esta debe tomar nota de tales cambios. Aun cuando esta acción es de naturaleza administrativa, las juntas de conciliación y arbitraje, los gobiernos y los patrones la han convertido en un instrumento de control político, ya que dependiendo de que la directiva de una organización tenga o no la toma de nota, la reconocen o no. Los casos más recientes del manejo político de esa facultad de las autoridades laborales es el del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, al que se le ha reprimido y negado la toma de nota por no someterse a la voluntad de los empresarios mineros. En el estado de Puebla el caso más conocido es el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, el SUNTUAP, al que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le ha negado la toma de nota reiteradamente, a pesar de cumplir con todos los requisitos que establece la LFT. La última vez que el sindicato la solicitó, en agosto de 2007, esa instancia laboral ni siquiera resolvió acerca de esa solicitud, apoyándose en argumentos de cuya ilegalidad dio fe el amparo que otorgara al SUNTUAP el Juzgado Décimo de Distrito el día 31 de marzo del 2008. Aún más: la JLCA dio entrada a un recurso en contra de nuestra solicitud. La actuación ilegal de la Junta quedó evidenciada al rechazar un recurso de revisión del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Estado de Puebla, en resolución emitida el 19 de Mayo del presente año.
La otra cara de la moneda es que a los sindicatos que sirven a los intereses del grupo en el poder no sólo se les otorga la toma de nota de manera inmediata, sino que se les colma de toda clase de privilegios y de impunidad para cometer latrocinios, como en el caso del dirigente del Sindicato Nacional Petrolero y a nivel local, en el caso de los sindicatos blancos SITBUAP y ASPABUAP, creados y patrocinados por las recientes administraciones rectorales de la BUAP, que obtienen la toma de nota cada vez que cambian de dirigentes, a pesar de no realizar elecciones democráticas.
¿Para qué la toma de nota? La toma de nota le permitirá al SUNTUAP ejercer a plenitud sus facultades legales, entre ellas, la defensa jurídica de su patrimonio, pero no únicamente: le permitiría también reiniciar los juicios para anular los contratos que en la Universidad Autónoma de Puebla fueron ilegalmente firmados por el entonces rector José Doger Corte y los sindicatos blancos SITBUAP y ASPABUAP en 1997; ello, porque esas organizaciones perdieron los recuentos que en contubernio con la JLCA le impusieron al SUNTUAP, en la primavera de 1994, para arrebatarle la titularidad de su contrato colectivo de trabajo, pese a contar con todo el apoyo de las autoridades laborales y universitarias. La toma de nota nos permitirá también realizar una mejor defensa de los derechos laborales y prestaciones de los trabajadores universitarios, asimismo, y en alianza con otras organizaciones hermanas, asumir con mayor fuerza la defensa de la universidad pública, así como el carácter gratuito de la educación que debe ser impartida en esas instituciones, comprometida con el desarrollo del país y al alcance de todos los jóvenes con aptitudes para realizar estudios superiores.
El plantón que el SUNTUAP instaló en el zócalo de la ciudad desde el 2 de julio tiene por objeto obligar a las autoridades a que en cumplimiento del amparo otorgado a nuestra organización por el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Puebla, y haciendo a un lado sus “chicanadas” resuelvan acerca de nuestra solicitud de toma de nota. En el caso de las universidades, el artículo 353-S establece que en las Juntas de Conciliación y Arbitraje “…funcionarán Juntas Especiales que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y se integrarán con el presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores”. Toca a la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla, así como al gobierno del estado de Puebla, decidir si sus representantes se apegarán a derecho en la decisión de otorgar o no la toma de nota al SUNTUAP o bien se continuará en la línea de violación a la ley y con ello del estado de derecho que se pregona, prevalece en Puebla. Por lo pronto el representante de la BUAP, que es designado por el rector Enrique Agüera ante la JLCA, ha recurrido a un pretexto baladí para negarse a dar cumplimiento a la sentencia de amparo y no parece estar dispuesto a modificar su postura a menos que el rector se lo ordene.
Después de 15 años de lucha y de 38 días de plantón en el zócalo, una conclusión que se desprende de esto es que la respuesta que den tanto las autoridades gubernamentales como universitarias a la solicitud de toma de nota del SUNTUAP y a las demandas de trabajadores universitarios que están en sus filas, dependerá en gran medida también del apoyo que tenga la movilización del SUNTUAP en la sociedad y los universitarios poblanos, así como de la incorporación del mayor número de trabajadores universitarios en el plantón y en otras acciones que se programen. La pasividad e indiferencia es el mayor obstáculo en la defensa de nuestros derechos.
La otra cara de la moneda es que a los sindicatos que sirven a los intereses del grupo en el poder no sólo se les otorga la toma de nota de manera inmediata, sino que se les colma de toda clase de privilegios y de impunidad para cometer latrocinios, como en el caso del dirigente del Sindicato Nacional Petrolero y a nivel local, en el caso de los sindicatos blancos SITBUAP y ASPABUAP, creados y patrocinados por las recientes administraciones rectorales de la BUAP, que obtienen la toma de nota cada vez que cambian de dirigentes, a pesar de no realizar elecciones democráticas.¿Para qué la toma de nota? La toma de nota le permitirá al SUNTUAP ejercer a plenitud sus facultades legales, entre ellas, la defensa jurídica de su patrimonio, pero no únicamente: le permitiría también reiniciar los juicios para anular los contratos que en la Universidad Autónoma de Puebla fueron ilegalmente firmados por el entonces rector José Doger Corte y los sindicatos blancos SITBUAP y ASPABUAP en 1997; ello, porque esas organizaciones perdieron los recuentos que en contubernio con la JLCA le impusieron al SUNTUAP, en la primavera de 1994, para arrebatarle la titularidad de su contrato colectivo de trabajo, pese a contar con todo el apoyo de las autoridades laborales y universitarias. La toma de nota nos permitirá también realizar una mejor defensa de los derechos laborales y prestaciones de los trabajadores universitarios, asimismo, y en alianza con otras organizaciones hermanas, asumir con mayor fuerza la defensa de la universidad pública, así como el carácter gratuito de la educación que debe ser impartida en esas instituciones, comprometida con el desarrollo del país y al alcance de todos los jóvenes con aptitudes para realizar estudios superiores.
El plantón que el SUNTUAP instaló en el zócalo de la ciudad desde el 2 de julio tiene por objeto obligar a las autoridades a que en cumplimiento del amparo otorgado a nuestra organización por el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Puebla, y haciendo a un lado sus “chicanadas” resuelvan acerca de nuestra solicitud de toma de nota. En el caso de las universidades, el artículo 353-S establece que en las Juntas de Conciliación y Arbitraje “…funcionarán Juntas Especiales que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y se integrarán con el presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores”. Toca a la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla, así como al gobierno del estado de Puebla, decidir si sus representantes se apegarán a derecho en la decisión de otorgar o no la toma de nota al SUNTUAP o bien se continuará en la línea de violación a la ley y con ello del estado de derecho que se pregona, prevalece en Puebla. Por lo pronto el representante de la BUAP, que es designado por el rector Enrique Agüera ante la JLCA, ha recurrido a un pretexto baladí para negarse a dar cumplimiento a la sentencia de amparo y no parece estar dispuesto a modificar su postura a menos que el rector se lo ordene.
Después de 15 años de lucha y de 38 días de plantón en el zócalo, una conclusión que se desprende de esto es que la respuesta que den tanto las autoridades gubernamentales como universitarias a la solicitud de toma de nota del SUNTUAP y a las demandas de trabajadores universitarios que están en sus filas, dependerá en gran medida también del apoyo que tenga la movilización del SUNTUAP en la sociedad y los universitarios poblanos, así como de la incorporación del mayor número de trabajadores universitarios en el plantón y en otras acciones que se programen. La pasividad e indiferencia es el mayor obstáculo en la defensa de nuestros derechos.
0 comentarios:
Publicar un comentario